Un año de prisión preventiva contra 9 de los 11 implicados en el robo de un cargamento de drogas en Dican

La jueza de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, dispuso, esta madrugada, un año de prisión preventiva contra 9 de los 11 implicados en el robo de un cargamento de drogas decomisado por la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican).

Los afectados con la decisión son los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro; el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Félix Humberto Paulino López.
La medida incluye también al mayor Luciano Gómez Cabrera; el primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista y el sargento Pedro Almánzar González, quienes fueron enviados a la cárcel de La Victoria.
Mientras que la raso Raidirys García Miranda fue enviada a la cárcel de Najayo Mujeres.
Durante el conocimiento de la vista, las medidas de seguridad fueron reforzadas y se estableció un cordón en la parte trasera del Palacio de Justicia, por donde fueron sacados los imputados.
Antes de que la magistrada se retirara a deliberar, pasadas las 7:00 de la noche, el Ministerio Público solicitó prisión para todos los acusados. Mientras que los abogados de los imputados pidieron la libertad de sus defendidos, alegando que la acusación del Ministerio Público carece de base probatoria que la sustente.
El Ministerio Público atribuye a los acusados asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos, violación a la Ley 50-88 sobre Tráfico Nacional e Internacional de Drogas, violación de la Ley 72-02 sobre lavado de activo proveniente del narcotráfico y violación de la Ley 82-79 sobre Enriquecimiento Ilícito, entre otros tipos penales.
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Según la Procuraduría, el allanamiento e incautación de la droga en cuestión se realizó el día 27 de septiembre del 2014, y que al día siguiente el coronel Fernández Valerio convocó a su residencia al teniente coronel Félix Humberto Paulino López, quien dirigió el operativo, a Batista Matos y Bulus Andújar.
En esa reunión les comunicó que el director de la División Central de Inteligencia (Dintel), coronel José Antonio Ceballos, le había informado que tenía información de que miembros de la Dican estaban vendiendo una droga ocupada.
Según el comunicado, “fue en esa reunión que le comunicó al coronel Paulino, que a él se le mencionaba como uno de los comprometidos en esa operación, de inmediato procedió a solicitarle al propio coronel Paulino que indagara sobre la veracidad de la información servida por el director del Dintel”.
Indica el informe que aunque les dijo a los oficiales que solicitaría una investigación, no fue sino un mes y 22 días después de esa reunión que el coronel Fernández Valerio, mediante el oficio 0767, del 18 de noviembre del 2014, solicitó a Asuntos Internos de la Policía que realizara una investigación.
En la comunicación enviada a Asuntos Internos, el coronel Fernández Valerio refirió que la investigación era sobre un “allanamiento en un lugar no precisado y que supuestamente existen rumores de que encontraron sustancias controladas, y hasta la fecha no fueron informadas a este despacho”. Además solicitó que sean investigados Paulino López, el mayor Luciano Gómez y el teniente Bárbaro Torres Beltrán.

Excluye a Voltaire, Mola Cuevas y a Juan Bulus
La Procuraduría General de la República excluyó del expediente que sigue por el robo de 1,200 kilos de cocaína a los coroneles Mercedes Altagracia Mola Cuevas, Voltaire Batista Matos y al teniente coronel Juan Bulus Andújar, tras asegurar que no están comprometidos en el caso Dican.

En tal sentido, dejó sin efecto la ejecución de la orden de arresto número 05-ME-2015, emitida el 9 de enero del presente año, por la magistrada Martínez Mejía. La exclusión de los referidos oficiales fue informada en una comunicación dirigida a la opinión pública, bajo la firma del procurador adjunto, Bolívar Sánchez Veloz; el director de Asuntos Internos de la Policía, general Orlando M. Pichardo Reynoso; el procurador de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Eduard Robel Rodríguez, y la fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías.
La citada comisión explica que el coronel Carlos V. Fernández Valerio se valió de varios recursos para confundir a los investigadores y que solicitó investigar el caso un mes y 22 días después del allanamiento, el cual se trató de un tumbe.

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